Luego de la ocupación militar de la Universidad y la detención arbitraria de las autoridades universitarias, trabajadores y estudiantes que se encontraban en el campus al momento de la intervención; la evidente violación a la autonomía universitaria generó preocupación en varios sectores: cuerpo diplomático, iglesia católica, universidades de la región, etc.
El gobierno utilizó a la prensa para crear una opinión pública favorable a la ocupación militar en razón que el comunismo se apoderó de la Universidad. En los días sucesivos, el ejército convocó a los medios de comunicación para mostrarles las “evidencias” de amenaza comunista.
Las autoridades universitarias fueron exiliadas, y Molina impuso la Comisión Normalizadora que despidió trabajadores, impuso un cuerpo policial al interior de la Universidad que se encargó de dar seguimiento a los miembros de la comunidad universitaria que consideraban disidentes.
