En los principales periódicos de la época, fueron publicados comunicados de la Rectoría, de la Facultad de Medicina “Luis Edmundo Vásquez” y del sector estudiantil, tanto a favor de la separación de la Facultad como en defensa de la autonomía universitaria.
Uno de los estudiantes de medicina que suscribe el comunicado en defensa de la autonomía universitaria, José Roberto Rivera Martelli, fue víctima de desaparición forzada el 10 de febrero de 1983.
Resulta evidente que las asociaciones de medicina de la época fueron cómplices de la violación al derecho al libre pensamiento y la vulneración a la autonomía universitaria ejecutada por el Estado salvadoreño.
A las doce horas del 18 de julio de 1972, la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia I-71 mediante la cual declaró inconstitucional las reformas a los estatutos de la Ley orgánica de la Universidad aprobados por el Consejo Superior Universitario. Esta sentencia fue incorporada a la sesión plenaria del 19 de julio en la cual la Asamblea Legislativa emite el decreto 41 que otorgó facultades discrecionales al órgano Ejecutivo que se concretaron en la militarización del campus y la detención de miembros de la comunidad universitaria.