Ante el impago de salarios, los trabajadores universitarios buscaron el diálogo con la Comisión Normalizadora, la cual se comprometió a pagar salarios.
Cuando los militares a cargo del campus lo permitieron, la Corte de Cuentas realizó una inspección a la Universidad bajo estricta vigilancia.
El gobierno utilizó a la prensa para crear una opinión pública favorable a la ocupación militar en razón que el comunismo se apoderó de la Universidad. En los días sucesivos, el ejército convocó a los medios de comunicación para mostrarles las “evidencias” de amenaza comunista.
Las autoridades universitarias fueron exiliadas y Molina impuso la Comisión Normalizadora que despidió trabajadores, impuso un cuerpo policial al interior de la Universidad que se encargó de dar seguimiento a los miembros de la comunidad universitaria que consideraban disidentes.
La Federación de Asociaciones de Profesionales Académicos publicaron un comunicado en el cual manifestaron su intención de vigilar el desarrollo de la Universidad y reconocieron a la Comisión Normalizadora.
El mes finalizará con los anuncios gubernamentales mostrando evidencias de la subversión recolectadas por las fuerzas militares que controlaban el campus, reiterando la lucha contra el comunismo como argumento justificante a la violación de la autonomía universitaria el.
