María Teresa Hernández Saballos nació el 8 de febrero de 1949 en San Salvador.
Creció junto a sus padres, Pedro Hernández Dueñas y Paula Saballos; y su hermano, Pedro Manuel Hernández Saballos.
En 1966 ingresó a la Universidad de El Salvador en donde cursó la carrera de Doctorado en Jurisprudencia.
En 1971 egresó de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; y laboraba como instructora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades.
El 18 de julio de 1972, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las reformas realizadas por el Consejo Superior Universitario, al día siguiente la Asamblea Legislativa emite el dereco41 mediante el cual facultó al presidente, Cnel. Arturo Armando Molina a intervenir la Universidad de El Salvador (UES).
La UES fue saqueada por los militares quienes controlaron el campus durante un año, periodo en que la comunidad universitaria fue perseguida; la dictadura militar impuso la Comisión Normalizadora y se reformó la Ley Orgánica. En 1977, el presidente Cnel. Molina, impone el Consejo de Administración Provisional de la Universidad (CAPUES).
El CAPUES persiguió a estudiantes y trabajadores, violando sus derechos. En mayo de 1977 el CAPUES despide a Teresa, y en junio de ese año la sanciona con expulsión por cinco años. En enero de 1979, el Consejo Directivo Provisional de la Universidad de El Salvador acordó la amnistía para varios estudiantes que fueron injustamente sancionados por el CAPUES; entre ellos estaba Teresa.
María Teresa vivía con su madre, Paula, y su hijo, Vladimir; tenía la costumbre de levantarse temprano los días sábados, para ir al mercado de Ciudad Delgado a realizar las compras.
El sábado 15 de septiembre de 1979 salió de su casa a las seis y media de la mañana rumbo al mercado de Ciudad Delgado; en el camino, sobre la carretera Troncal del Norte, se encontró con un camión de la Guardia Nacional quienes andaban haciendo «rastrillo»; al verla el camión se detuvo. Una niña que le acompañaba huyó, pero logró ver como los guardias se llevaron a Teresa. La niña ingresó a casa de Teresa para contarle lo sucedido a la madre de Teresa, quien se había quedado en casa con Vladimir… inmediatamente Paula supo de la captura de su hija, comenzó a buscarla: preguntó a vecinos, familiares y amigos, pero nadie sabía nada.
Paula Saballos buscó a su hija en hospitales y cuarteles, acudió a la Comisión de Derechos Humanos y al Socorro Jurídico del Arzobispado; presentó habeas corpus ente la Corte Suprema de Justicia sin tener respuesta del paradero de Teresa.
El 9 de diciembre de 1979, la Comisión Especial Investigadora (creada por la Junta Revolucionaria de Gobierno mediante decreto N°9 de fecha 30 de octubre de ese año) informó el hallazgo de 26 cadáveres de personas presuntamente prisioneras de los dos regímenes pasados, aunque el dictamen pericial basado en el estado de los cadáveres apuntaba a la conclusión de que las 14 muertes más recientes se habían producido en tres o cuatro meses, antes y los otros 12, hace cuatro años.
La Comisión Especial Investigadora informó que solo se habían identificado dos de los cadáveres, uno una mujer que el Comité asumió era María Teresa Hernández Saballos, abogada, de 30 años de edad, detenida el 15 de septiembre de 1979 en Ciudad Delgado por la Guardia Nacional, y Jesús Nicolás Palacios, chofer identificado por familiares.
Paula, falleció sin conocer el paradero de su hija. Vladimir, falleció buscando a su madre.
Gracias al Trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, en el año 2014, se conoció que María Teresa Hernández Saballos fue objeto de seguimiento de parte de los cuerpos de inteligencia de la época: le asignaron el código H 95, es identificada como «político» y aparece en las páginas 135 y 144 del Libro Amarillo.
En el año 2017, el hermano de Teresa, Pedro, presentó la denuncia de la desaparición forzada de su hermana ante la recién creada Unidad de Investigación de delitos relativos al conflicto armado interno de la fiscalía general de la República sin que a la fecha el caso haya sido judicializado, vulnerando el Derecho de Acceso a la Justicia.
En el año 2018, luego de acudir a la UES en búsqueda de información, presentó la denuncia ante la Comisión Nacional de Búsqueda de personas Adultas Desaparecidas (CANABUSQUEDA) sin que a la fecha se le haya garantizado el Derecho a la Verdad.